Ventajas del sistema.

Fanny Peña

Estadísticas de criminalidad

El Mapa del Delito

El presente proyecto de Declaración aspira a expresar la preocupación de la Legislatura por la negativa del Poder Ejecutivo Nacional a dar a conocer las estadísticas oficiales de criminalidad y por la falta de encuestas de victimización a nivel nacional, a la vez que solicita al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que arbitre las acciones tendientes a obtener esta información y ponerla al alcance de la ciudadanía.
Las estadísticas oficiales sobre la criminalidad proporcionan informaciones cuantificadas referidas a los comportamientos efectivamente producidos en la vida social, presuntamente delictuosos, generadas en los procesos de definición y registración por parte de instituciones estatales en el marco de sus actividades de gobierno de la criminalidad. Estas estadísticas se conforman con la información de las estadísticas policiales y las estadísticas judiciales. Dos son las limitaciones que tradicionalmente señala la criminología: la cifra negra de la criminalidad (conductas delictivas que no han sido registradas y oficializadas por las agencias estatales competentes, instituciones policiales e instituciones judiciales) y el denominado "carácter manufacturado" de las estadísticas oficiales (consecuencia de las reglas formales e informales para producir información cuantificada en materia de delito). En la actualidad, y en nuestra realidad nacional, podríamos agregar una tercera limitación: la negativa de las autoridades a dar a conocer la información estadística sobre delitos.
Las estadísticas que se niegan eran públicas hasta hace tres años, y el gobierno nacional las publicaba en la página web: www.surc.gov.ar, con el fin de que los vecinos conocieran el mapa del delito y los problemas relacionados a la inseguridad que afectan a cada barrio. En la edición del domingo 23 de julio de 2006 del diario La Nación, se informa que ante un requerimiento de un periodista en el que solicitaba información sobre estadísticas de delitos, amparado en el decreto PEN 1172/2003 de acceso a la información, se obtuvo como respuesta del Ministro del Interior Aníbal Fernández que la información solicitada estaba "contemplada dentro de las excepciones del artículo 16 del Reglamento General de Acceso a la Información Pública". Consideramos que tal afirmación es inexacta y que no existen argumentos gramaticales, históricos ni lógicos para interpretar el artículo 16 del Reglamento General de Acceso a la Información Pública como restrictivo del acceso a las estadísticas oficiales sobre la criminalidad, toda vez que establece:

ARTICULO 16. - EXCEPCIONES
Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;
b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos;
d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
e) información preparada por los sujetos mencionados en el artículo 2º dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
g) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional;
h) notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente;
i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;
j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.

Concluimos entonces, que la negativa del Poder Ejecutivo Nacional a proporcionar información estadística sobre delitos, es contraria a lo dispuesto por el propio Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 1172/2003), por la Ley Nº 104 de la Legislatura de la Ciudad, y en general por los artículos 1, 33, 41, 42, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Este artículo incorpora varios tratados internacionales, siendo oportuno recordar que en lo atinente al acceso a la información pública, la República Argentina ha asumido compromisos internacionales que ha incorporado a su ordenamiento jurídico como normas de jerarquía constitucional en 1994, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13.1; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. XXIV; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 19, inc. 2; y la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19.
La importancia del acceso público a la información estadística sobre delitos radica en la posibilidad de que el vecino conozca el mapa del delito de la Ciudad y los problemas que afectan a su barrio, para de ese modo orientar el contenido de sus demandas a las agencias estatales y fuerzas de seguridad y participar en la prevención socio-ambiental del delito a nivel comunitario.
Dado que las estadísticas oficiales sobre la criminalidad tienen las limitaciones que mencionáramos, resultan más útiles las encuestas de victimización, a los efectos de obtener una información más precisa sobre la cantidad y calidad de ciertos delitos cometidos en un determinado período.
En efecto, "la encuesta de victimización es una metodología adecuada para, por muestreo poblacional determinar con suficiente aproximación estadística la cantidad de hechos delictivos de ciertas características que se han producido en un territorio determinado en un lapso determinado, independientemente de que hayan sido denunciados a la policía; lo que permite a su vez diferenciar la cantidad de denunciados de los no denunciados (cifra negra) para cada tipo de delito, por territorio y por período. Estas encuestas vienen siendo aplicadas regularmente desde hace décadas en países centrales. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son los únicos aglomeramientos urbanos en el mundo subdesarrollado que han sido estudiados, durante nueve años consecutivos, a través de este tipo de estudios, lo que los ha transformado en los contextos urbanos potencialmente más "analizables criminológicamente" de la región, al menos en lo que concierne a los delitos de robo, hurto, vandalismo y secuestro, en sus diversas modalidades.
El trabajo estadístico realizado por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que se ofrecía estudios de victimización de los estados provinciales, y de acuerdo a lo dispuesto por el Congreso Nacional en la Ley de Estadística Criminal (25.266), fue interrumpido en el año 2004.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diseño del mapa del delito con suficiente estructura de información y su constante relevamiento y actualización, es función del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, previsto por el art. 35 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Decreto 1640/1997 y la Ley 1689/2005. Si bien oportunamente el proyecto de Declaración 2177/06 solicita que se realicen las gestiones necesarias para el diseño e implementación de un estudio de victimización en la Ciudad de Buenos Aires en forma anual, observamos con beneplácito que dicha tarea sea emprendida por el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito. Nuestro proyecto tiende a obtener del Poder Ejecutivo Nacional la información estadística sobre criminalidad que produce anualmente y a hacer efectivo para todos los ciudadanos el derecho al libre acceso a esta información, a la vez que pretende promover respuestas oficiales frente al déficit de información sobre el estado de la seguridad en nuestra Ciudad.
Son autores del presente proyecto SMITH, GUILLERMO - ENRIQUEZ, JORGE - ESTENSSORO, MARIA - MEIS, MARCELO - REBOT, HELIO - BIDONDE, HECTOR - HERRERA BRAVO, RODRIGO - GARCIA, ABELARDO - GODOY, MARCELO - POLIMENI, MARIA

Subtes - Línea H - Opinión 2

El negocio del siglo?

Sólo un punto quiero hacer notar (el de las pérdidas) (aunque no soy un experto en el tema):
Con el mismo criterio de caja de las pérdidas se desmanteló toda la red de trenes de Argentina.
Calculen las pérdidas de tiempo y el daño al medio ambiente, que (nos) produce el caos de tránsito en superficie con el criterio de fomentar el transporte automotor.
Con el criterio de lo que produce "pérdidas" muchos pueblos del interior vieron cómo su economía se iba abajo al desactivar la red ferroviaria. Mientras las empresas de ómnibus vieron incrementada su ganancia.
Yo creo que no sería absurdo pensar que las fábricas automotrices y las compañías de micros de larga distancia nos tendrían que indemnizar por las millonarias ganancias que obtuvieron con el criterio de caja de destruir al ferrocarril en Argentina, que es un negocio que directa o indirectamente les acrecentó el Estado Argentino.
Puede no parecer demasiado que haya unos cuantos vivos que lucran, en el directorio de Metrovías, a nuestra costa. Para el cartonero que hurga la basura en mi casa, o para los niños desnutridos del país, les aseguro que sí lo es.
Si seguimos el razonamiento citado, también deberíamos cerrar Astilleros Río Santiago. Recordemos que la industria naval es una industria que funciona a pérdida en todo el mundo, no en Argentina solamente.
Si se es consecuente, se debería pedir a las AFJP que en este momento no están pudiendo afrontar el pago de jubilaciones miserables de 400 pesos, que no deleguen esa función en el Estado, sino que se hagan cargo ellas mismas, y sino, ¡que se pida su quiebra en beneficio de sus aportantes!
No me preocupa solamente la línea H que daría "pérdida", me preocupan las otras líneas que dan ganancia ¿Quiénes hicieron la gran inversión del cavado de los túneles y toda la instalación de esas líneas que dan ganancia? Es el "negocio" del siglo: comprar a precio vil una empresa estatal, para luego explotarla y encima ser subsidiado por el Estado (remarco: por todos nosotros).
Son modelos de economía: o subsidiamos entre todos los negocios de las grandes empresas o construimos una economía que esté al servicio de la gente y del país.
Enrique (Egresado de la facultad de Ingeniería de la U.B.A.)

Cuando hablamos del Subte H, de qué se trata?

CREACIÓN DEL "ENTE SUBTE H - TRAMO SUR"

Un grupo compuesto por Organizaciones Vecinales y Trabajadores del Subte presentó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires un Anteproyecto de Ley para que el Ejecutivo a su vez, haciendo uso de su "iniciativa parlamentaria" lo presente como Proyecto de Ley a la Legislatura de la Ciudad. Se habló mucho del tema y se efectuó incluso una conferencia de prensa en la peatonal Perú, en las puertas de la Legislatura, pero no sabíamos con exactitud los términos de la norma legal propuesta, así que la reproducimos en este artículo. La misma fue provista por la Organización "Coordinadora por un Subte Público" a nuestro pedido:

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. CREACIÓN.- Créase el "Ente Subte H - Tramo Sur", entidad pública autónoma, desconcentrada y descentralizada, a fin de dirigir, administrar y explotar el servicio público de transporte regular de pasajeros de la línea "H" tramo Sur de los trenes subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, cuya construcción fuera autorizada mediante Ley 317 (en adelante, "la línea H tramo Sur").

Artículo 2º. PATRIMONIO.- El patrimonio del Ente Subte H Tramo Sur está conformado por:
a) los ingresos que perciba por la explotación de la línea H de los trenes subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;
b) las partidas presupuestarias que anualmente vote la Legislatura.

Artículo 3º. NORMATIVA APLICABLE. CONTROLES.- El Ente Subte H Tramo Sur deberá aplicar, en sus contrataciones, la normativa vigente para las contrataciones de la administración pública.
Asimismo, está sujeto a los controles externos de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

Artículo 4º. PERSONAL.- Los trabajadores de la línea H tramo Sur serán considerados, a todo efecto, empleados de planta permanente de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, le resultarán aplicables las normas legales o convencionales referentes a trabajadores de trenes subterráneos, en lo que sean más favorables.

CAPÍTULO II - DE LOS ÓRGANOS

PRIMERA PARTE - DEL DIRECTORIO

Artículo 5º. DIRECTORIO.- El "Ente Subte H - Tramo Sur" estará dirigido por un Directorio integrado por 15 (quince) miembros, elegidos de la siguiente manera:
a) 8 (ocho) por el voto directo de los trabajadores de la línea "H" tramo Sur, en base a listas unipersonales;
b) 2 (dos) por el voto directo de los habitantes de cada una de las comunas que atraviesa el recorrido de la línea "H" tramo Sur, mayores de 18 años de edad, en base a listas unipersonales;
c) 3 (tres) representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designados por el Poder Ejecutivo mediante concurso público de antecedentes y oposición.

Artículo 6º. FUNCIONES.- Son funciones del Directorio:
a) administrar el ENTE SUBTE H TRAMO SUR;
b) representarlo legalmente, y otorgar o revocar poderes especiales;
c) sesionar al menos una vez por semana;
d) dividirse en comisiones de trabajo;
e) designar a su personal, y fijar sus remuneraciones;
f) realizar operaciones financieras y bancarias con instituciones de crédito oficiales del país;
g) disponer o gravar los bienes del ENTE SUBTE H TRAMO SUR;
h) actuar como expropiante, en los términos del artículo 3 de la ley 238;
i) solicitar restricciones al dominio y constitución de servidumbres, en los términos de los artículos 2611 y 3082, siguientes y concordantes del Código Civil.
j) planificar, explotar y extender los servicios de la línea H tramo Sur;
k) programar recorridos, frecuencias, y rutas del servicio de la línea H tramo Sur;
l) coordinar los estudios para la actualización de la normativa vigente en lo referente a modalidades operativas, aptitud técnica de equipos, seguros, régimen tarifario y toda otra normativa vinculada con las acciones de su competencia;
m) asegurar la publicidad de sus decisiones, incluyendo los antecedentes en base a los cuales ellas fueron tomadas;
n) recibir y tramitar con diligencia toda queja, denuncia o solicitud de información de los usuarios o de terceros interesados, relativos a la seguridad del transporte ferroviario subterráneo bajo su jurisdicción y demás aspectos referentes a la adecuada prestación de los servicios;
ñ) mantener información actualizada sobre las tendencias internacionales en materia de seguridad ferroviaria subterránea y sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y modalidades operativas relacionadas con la prestación eficiente, segura y confiable de los servicios;
o) publicar anualmente una memoria estadística sobre los aspectos técnico-operativos de los servicios que brinda, sobre accidentes relacionados con la actividad ferroviaria subterránea y sobre accidentes laborales en el ámbito de la actividad ferroviaria;
p) presentar anualmente un informe sobre las actividades cumplidas por la entidad en el año precedente, y su propuesta sobre las actividades a cumplir en el siguiente ejercicio;
q) tomar todas las medidas conducentes para la correcta aplicación del régimen de explotación;
r) establecer las normas técnicas relativas a los materiales y elementos de uso y consumo de la línea H tramo Sur, determinando la cantidad y características correspondientes y los requisitos para librarlos y mantenerlos en servicio, así como su radiación y baja;
s) solicitar a la Legislatura la declaración de utilidad pública de los bienes necesarios para el tendido de nuevas líneas o ampliación de las existentes y promover los procedimientos judiciales de expropiación de los mismos;
t) habilitar al personal para la conducción de locomotoras y demás vehículos automotores ferroviarios, afectados al servicio público;
u) se da su propio reglamento y elige a sus autoridades;
v) eleva al Poder Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de gastos del Ente Subte H. El presupuesto de gastos que en definitiva se apruebe por la Legislatura no podrá apartarse en más de un cinco por ciento (5 %) del monto estipulado en el anteproyecto.
w) reglamenta las condiciones laborales de los trabajadores de la línea H tramo Sur, y fija sus remuneraciones, de conformidad con el Título II de la Ley 471.

SEGUNDA PARTE - DEL CONSEJO

Artículo 7º. CONSEJO.- El Directorio será permanente asistido, asesorado y auditado por un Consejo; integrado por 3 (tres) trabajadores de cada una de las líneas de trenes subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos, elegidos por el voto directo de los trabajadores de la línea respectiva, en base a listas unipersonales.

Artículo 8º. ATRIBUCIONES.- Corresponde al Consejo:
a) asistir al Directorio en todos los aspectos vinculados a la mejor prestación del servicio; al mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura; y a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores de la línea H tramo Sur;
b) dividirse en comisiones de trabajo;
c) ejercer el control interno en los aspectos administrativos, presupuestarios, patrimoniales, económicos, financieros, operativos, legales, y de gestión
d) dar publicidad a todos sus dictámenes e informes;
e) se da su propio reglamento y elige a sus autoridades.

TERCERA PARTE - DISPOSICIONES COMUNES A AMBOS ÓRGANOS

Artículo 9º. DURACIÓN. REELECCIÓN.- Tanto los integrantes del Directorio como del Consejo durarán dos (2) años en su gestión, pudiendo ser reelegidos de manera consecutiva una sola vez.
Si hubieran sido reelectos, podrán ser elegidos nuevamente luego de transcurridos dos (2) desde el fin de su mandato.

Artículo 10. QUÓRUM.- El quórum para sesionar del Directorio y del Consejo será de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
Si a la tercera convocatoria a la sesión del Directorio no se reuniera quórum, podrá sesionar válidamente con la tercera parte de sus miembros. En este caso, la resolución que se adopte será sometida a referéndum por el Directorio en minoría, en los términos de los Título II y IV de la Ley 89.
En dicho referéndum votarán los habitantes de las comunas que atraviesa el recorrido de la línea "H" tramo Sur, mayores de 18 años de edad.

Artículo 11. MAYORÍAS.- Los órganos del ENTE SUBTE H TRAMO SUR tomarán sus decisiones con el voto de la mayoría simple de los presentes.

Artículo 12. REVOCACIÓN.- Los miembros del Directorio y del Consejo, pueden ser destituidos mediante petición presentada a tal fin ante el respectivo órgano con la firma de, al menos, el tres por ciento (3 %) de los trabajadores de la línea "H" tramo Sur, o del padrón de las comunas referidas en el artículo 4 inciso b, según corresponda; o de los trabajadores de la respectiva línea, en su caso.
Cumplido dicho requisito, el Directorio o el Consejo, según el caso, convocará a referéndum revocatorio que se celebrará dentro de los 30 (treinta) días corridos de presentada la petición, en el que podrán votar todos los trabajadores de la línea "H" tramo Sur, los electores de las comunas indicados, o los trabajadores de la línea en cuestión, según corresponda.
En dicho referéndum sólo se podrá votar por "SÍ" o "NO" a la revocatoria del mandato. Si los votos afirmativos superan a los negativos, el mandato queda automáticamente revocado, siempre que en el referéndum hubiese votado, al menos, la mayoría absoluta del padrón respectivo.
El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido 3 (tres) meses de mandato, ni para aquellos a los que restaren menos de 3 (tres) meses para la expiración del mismo.
Será de aplicación la Ley 89, en lo pertinente.

Artículo 13. REMUNERACIÓN.- Los integrantes del Directorio y del Consejo percibirán por su tarea una remuneración mensual equivalente a la categoría más alta de los trabajadores de la línea "H" tramo Sur.
Los representantes de los trabajadores y de los usuarios que, al momento de la elección, se desempeñen en relación de dependencia gozarán de licencia sin goce de haberes desde el momento de la asunción hasta la finalización del mandato, debiendo dicho plazo computarse a los fines de la antigüedad.

Artículo 14.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.